El costo energético complica a la olivicultura
Lejos de ser gradual, el ajuste de los valores de las tarifas eléctricos desestabilizó a las empresas olivícolas localizadas en la región CREA Valles Cordilleranos.
A modo de ejemplo, una finca que en 2015 abonó una factura de electricidad de 1,60 millones de pesos, en 2016 y 2017 pasó a pagar 2,80 y 3,30 millones de pesos respectivamente. Y este año se prevén nuevos aumentos. “Esos valores incluso corresponden a un menor consumo de energía debido a que, por los aumentos, se comenzó a regar con lo justo”, comenta Alan Fillmore, integrante de los grupos CREA Olivícola San Juan, Arauco y Huarpe.
“Buena parte del costo final de una factura eléctrica corresponde a impuestos, como, por ejemplo, el IVA del 27%, lo que implica que sería posible reducir el impacto del aumento modificando esa alícuota”, añade.
En la actual campaña 2017/18 el rubro energía representa el 30% del costo total de una finca olivícola promedio, una proporción cinco puntos mayor a la registrada en 2016/17 y diez puntos más elevada que la del ciclo 2014/15, según un trabajo elaborado por el Área de Economía de CREA (ver gráfico).
La producción primaria de oliva tiene un componente de mano de obra relevante. Se puede separar la generación de empleo en dos etapas de la producción. La primera –el desarrollo del cultivo– donde, independientemente del nivel de producción, en términos absolutos no varían significativamente las jornadas de trabajo necesarias para llevar adelante el cultivo, representando, en un año promedio de producción sin inconvenientes climáticos (8000 kg/ha de aceituna para mesa y 10.000 kg/ha de aceituna para aceite), el 34% de la generación de empleo. En una segunda etapa –la cosecha– la cantidad de jornadas de trabajo necesarias representa el 66% restante; en ese caso, la mano de obra necesaria está fuertemente ligada a la productividad: a mayores rendimientos, mayor es la inversión requerida para recolectar el producto.
Se estima que argentina tiene 90.000 ha implantadas con olivos, de las cuales el 50% posee varietales destinados a la elaboración de aceite, el 30% a aceitunas de mesa (fruta) y el 20% restante tiene una combinación de ambas. La superficie implantada se sitúa mayormente en las provincias de La Rioja, Mendoza, San Juan y Catamarca, que en su conjunto explican el 91% del área dedicada al cultivo.